ARGENTINA
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La causa denominada «Ruta del dinero K», por la que la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es investigada por presunto lavado de dinero, continuará después que se anulara el sobreseimiento a la también exmandataria (2007-2015), según dictaminó este martes la Justicia argentina.
La Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a la petición de la querella, la asociación civil Bases Republicanas ─muy vinculada al ex jefe de Estado Mauricio Macri (2015-2019)─, que reclamó la reincorporación de Kirchner a la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero por medio del empresario Lázaro Báez, que ya fue condenado y con quien el ya fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa tuvieron una estrecha relación.
La causa será devuelta al juez Sebastián Casanello, que en junio pasado había resulto desvincular a la exmandataria de las acusaciones de corrupción.
Los votos a favor de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y uno en contra por parte del magistrado Eduardo Farah permitieron ordenar la reapertura de la investigación judicial en la que se expuso la necesidad de vincular las pruebas de otros casos por corrupción en los que se involucra a la vicepresidenta.
El caso se inició en abril de 2013 y, hasta ahora, Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por llevar adelante maniobras millonarias de lavado de dinero con la obra pública, que rondaron los 55 millones de dólares.
En esa oportunidad, la vicepresidenta, que en diciembre pasado fue condenada ─aún no de manera firme─ por primera vez por corrupción ─en la causa «Vialidad»─, insistió en que es víctima de una persecución judicial destinada a proscribirla políticamente y para favorecer a la oposición.
Su abogado, Gregorio Dalbon, consideró que esta resolución es una «vergüenza jurídica al sólo efecto de seguir con una persecución política», adelantó que buscarán el enjuiciamiento de los magistrados «por prevaricar» y agregó que «tarde o temprano» la causa terminará en Mauricio Macri.
«La ruta del dinero de Cristina Fernández (de Kirchner) está en sus declaraciones juradas desde que es funcionaria pública y es la única política que tenía su dinero en un banco. No en los Panamá Papers ni en paraísos fiscales», afirmó Dalbon, en referencia a la investigación periodística internacional en la que estuvo involucrado Macri.
«Lamentablemente el odio y la persecución siguen a la orden del día. Cristina es inocente de todas las causas que han sido armadas con el único fin de proscribirla políticamente. (El presidente electo) Javier Milei es el resultado», cerró.
El senador republicano por Texas Ted Cruz reclamó en setiembre al Gobierno de Joe Biden que deje de «hacer la vista gorda» y que sancione por corrupción a la exmandataria, y actual vicepresidenta, de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.
«El Departamento de Estado de Biden está haciendo la vista gorda con Cristina Fernández de Kirchner con las sanciones por corrupción. Es una cleptócrata convicta que ha sido acusada de obstruir investigaciones sobre el terrorismo iraní», apuntó el senador de EE. UU. a través de un mensaje en la red social X, antes Twitter.
La expresidenta fue condenada en diciembre de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una condena que todavía no es firme.
Junto con sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, fue acusada de supuesto lavado de dinero y asociación ilícita en la causa Hotesur-Los Sauces, que vinculaba a varios empresarios afines a la exmandataria y a los Kirchner en un entramado de falsas contrataciones de habitaciones en los hoteles administrados por la familia en la provincia patagónica de Santa Cruz.
Los hechos investigados tuvieron lugar entre los años 2003 y 2015, coincidiendo con los años de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
«La familia criminal Kirchner ha saqueado las arcas de Argentina. Puede que tenga inmunidad en Argentina, pero eso no la exime de las leyes de sanciones aprobadas por el Congreso», afirmó Cruz.
El polémico senador impulsa en Estados Unidos un proyecto de ley de obstaculización de la corrupción en Argentina mediante la aplicación de sanciones, denominado «Ley CASES».
Su aprobación implicaría investigar por presunta corrupción a Cristina Fernández, a su hijo Máximo Kirchner, al viceministro de Justicia Juan Martín Mena, al senador oficialista Oscar Parrilli y al procurador del Tesoro de Argentina, Carlos Zannini, entre otros.
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